Las Responsabilidad Corporativa también es asunto de las Administraciones Públicas

Responsabilidad Corporativa y Administraciones PúblicasLa Directora del Máster Oficial Universitario en Responsabilidad Corporativa de Bureau Veritas Centro Universitario, María del Mar Muñoz, nos habla en este post sobre la importancia de la RSC para las Administraciones Públicas.  

Las UNE, tal y como aparecen definidas, «garantizan unos niveles de Calidad y Seguridad que permiten a cualquier empresa posicionarse mejor en el mercado y constituyen una importante fuente de información (…)» Además, señala la definición, se caracterizan por ser «el fruto del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad objeto de la misma».

Partiendo de que las UNE se crearon para el sector privado –siendo por tanto este el sujeto al que beneficiaría en su cuota de mercado esa garantía de Calidad y Seguridad de los productos o servicios privado–, ello no debe llevarnos a la conclusión de que estos instrumentos no puedan  ̶e incluso deban, si atendemos a lo que se establece en el artículo 103 de la Constitución Española de 1978– ser aplicados por/exigidos a las Administraciones Públicas.

Y ello porque aunque las Administraciones Públicas no tengan esa cuota de mercado, sí tienen una masa de administrados a los que ofrecer, conforme a un mínimo estándar de Calidad y Seguridad, determinados servicios públicos.

Asimismo, la aplicación de estas técnicas de Normalización y Certificación permitiría garantizar el cumplimiento de gran parte de la legislación ambiental derivada de la Unión Europea, así como dar respuesta a determinados parámetros requeridos por la Responsabilidad Social Corporativa.

Como, por ejemplo, la participación de todos los grupos de interés en la planificación, definición e incluso selección de quienes vayan a prestar esos servicios públicos, o la transparencia –tan necesaria últimamente ante la importante crisis de confianza por el que este sector está atravesando– a través de los Informes de Gobierno Corporativo.

Las continuas exigencias de cambio en las que se ve inmersa la propia sociedad no pueden ser ajenas a las Corporaciones Públicas, «y es en estos momentos cuando mayor es el esfuerzo realizado para mejorar la eficiencia en la gestión, desarrollando técnicas de innovación y modernización. Las Administraciones Públicas han sabido ver en las normas y en los certificados que respaldan su implantación un aliado para mejorar la Calidad del servicio que prestan al ciudadano».

Todo lo cual nos lleva a concluir que la Normalización y la Certificación sí pueden ser una herramienta o técnica adecuada que ayude a la consecución, por ejemplo, de la implantación de la Agenda 21 Local, surgida de la segunda «Cumbre de la Tierra» (Río de Janeiro en 1992).

Como objetivo, la Agenda 21 tenía el de que los Gobiernos emprendieran acciones para integrar el Medio Ambiente y el desarrollo económico y social. Propósito en la que las autoridades locales, precisamente por el hecho de ser las más cercanas a la ciudadanía, pueden ser las más capacitadas para actuar de manera efectiva bajo el lema «piensa globalmente, actúa  localmente».

Así que, en esa Cumbre se les instó a la búsqueda de consenso y a iniciar un diálogo con sus ciudadanos, organizaciones cívicas, empresas e industrias locales para implantar dicha Agenda 21 Local.

Y es aquí donde enlaza la RC con el sector público y sus entes gestores: las Administraciones públicas.

Y ello a través de normas tales, como por ejemplo, la Norma UNE 66182 Guía para la evaluación integral del Gobierno Municipal, herramienta de evaluación que engloba a la totalidad de la actividad municipal.

A través de ella, los Ayuntamientos podrán «definir y controlar de forma sistemática y transparente sus actividades, teniendo en cuenta la Calidad y eficiencia de los servicios públicos, de forma que se garantice las condiciones necesarias para proporcionar los servicios que precisan los ciudadanos de manera coherente y generando confianza».

Qué duda cabe que esta UNE nos va permitir exigir a las Administraciones Públicas lo que también exigimos a las empresas privadas, sin que quepa ninguna excusa para ellas, pues instrumentos, aunque sean soft law, no les faltan. Este es tan solo un ejemplo de ello.

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