La Unión Europea refuerza los controles oficiales ante el fraude alimentario

Fraude alimentario: IFS, BRC

Marta González, Profesora del Máster en Gestión de la Seguridad Alimentaria de Bureau Veritas Formación.

Hamburguesas hechas de carne de caballo, atún rojo coloreado con jugo de remolacha o té ecológico que contiene pesticidas son solo algunos de los alimentos involucrados en términos de fraude en los últimos años.

A falta de una definición clara, se determina como fraude alimentario la sustitución, adición, manipulación o presentación engañosa, hecha de manera deliberada e intencional, de alimentos, ingredientes alimentarios, o envasado de alimentos; o bien, las afirmaciones falsas o engañosas hechas sobre un producto con el objeto de obtener un beneficio económico. Esto, por supuesto, implica el incumplimiento de la legislación alimentaria, pero, además, puede originar riesgos para la salud y, con toda seguridad, supone una pérdida de confianza de los consumidores: así, se convierte en un problema de seguridad alimentaria por las dudas en la trazabilidad de los alimentos y la integridad de la cadena de suministro.

Tanto el estándar IFS, que certifica que una empresa ha establecido los procesos adecuados para garantizar la seguridad de los productos alimentarios que fabrica y que es el más utilizado en países como Alemania o Francia, como BRC (extendido entre los minoristas de Reino Unido) incluyen requisitos para impedir el fraude.

BRC explicita que algunos de sus objetivos son evitar el fraude alimentario y los posibles casos de bioterrorismo, sabotaje y/o vandalismo alimentario. Además, uno de los requisitos fundamentales establece que la empresa deberá disponer de procedimientos para la aprobación y seguimiento de proveedores que permitan  que las materias primas, incluido el envase, sean seguras tanto en la legalidad como satisfaciendo la calidad del producto. Además, se requiere realizar una evaluación documentada de las materias primas según su vulnerabilidad para analizar los riesgos potenciales de adulteración o sustitución.

En el caso del estándar IFS, este determina que la empresa tomará las medidas apropiadas para controlar el producto final, basándose en un análisis de peligros y realizando una evaluación de los riesgos asociados que tengan impacto en la inocuidad alimentaria y calidad, incluyendo la adulteración y el fraude. La nueva versión 7 de IFS parece que intensificará sus requisitos para el control del fraude.

Por otro lado, para reforzar los controles oficiales, la UE ha publicado el Reglamento 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, salud y bienestar animal, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, que sustituirá al actual reglamento sobre controles oficiales, el Reglamento (CE) 882/2004 y el Reglamento (UE) 854/2004 a partir del 14 de diciembre de 2019.

En el Reglamento se destaca como novedades:

  • La ampliación del alcance a toda la cadena agroalimentaria.
  • Mayor transparencia
  • Medidas para la gestión del fraude, mediante la obligación de los Estados miembros de efectuar controles no programados, regulares y en función del riesgo.
  • Creación de centros para la autenticidad e integridad de la cadena agroalimentaria
  • Control del comercio a través de internet e-commerce, mediante la obtención de muestras aleatorias y anónimas a través del “cliente misterioso”.
  • Implantación de un Sistema de Gestión de la Información sobre los Controles Oficiales (SGICO) que consistirá en un nuevo sistema informático que integrará todos los sistemas de intercambio de información existentes para la máxima efectividad de los recursos.

Los controles oficiales se llevarán a cabo por las autoridades competentes, imparciales y convenientemente formadas de los Estados miembros para verificar el cumplimiento de los requisitos expuestos en la legislación de la cadena agroalimentaria.

Estas verificaciones, concretadas en reglas comunes, también se aplicarán a las importaciones de animales y mercancías que entren a la UE de terceros países; a partir de ahora Reino Unido incluido. En los nuevos Puestos de Control Fronterizo se efectuarán, con una frecuencia adecuada, los controles físicos, de documentación e identidad en función del riesgo que presenten animales y mercancías.

Esperemos que todas estas medidas garanticen un alto nivel de protección de la salud humana, animal y del medio ambiente, como exige y manifiesta el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

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