Alberto Cuervo, Coordinador y Profesor de Bureau Veritas Formación, especializado en Derecho de las Nuevas Tecnologías.
La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), publicada en diciembre de 2018, adapta el contenido del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) a la legislación española. En este nuevo marco, las personas tienen derecho a acceder a Internet garantizando un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.
Además, los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones en Internet. Esta y otras garantías deben ser comunicadas por los proveedores a informar a los usuarios sobre sus derechos. Al mismo tiempo, la Constitución Española establece en el artículo 18.4 que se limitará por ley el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal. Ante este nuevo panorama, cualquier Delegado de Protección de Datos (DPD) –figura clave introducida por el RGPD– debe tener en cuenta los derechos digitales de los ciudadanos.
¿Qué es un derecho digital?
La utilización de Internet y de las tecnologías de la información (TIC) han provocado la expansión de la sociedad de la información y de la protección de determinados derechos digitales, que nos afectan diariamente, como son la privacidad, la protección de datos, la propiedad intelectual, el teletrabajo, la ciberseguridad o el derecho al olvido en internet, por citar algunas de las materias más destacadas.
Estos derechos se concretan en la obligación de los proveedores de servicios de Internet a proporcionar una oferta transparente de servicios y que no genere ninguna discriminación por motivos técnicos o económicos.
Las TIC están presentes en las vidas de todas las personas, introduciendo grandes transformaciones en la gestión de la información y permitiendo que pueda ser enviada de un lugar a otro. Las nuevas tecnologías, como es el caso del ‘blockchain’, también permiten almacenar, recuperar o procesar datos, para calcular resultados y elaborar informes.
Por tanto, el uso de las TIC y de las nuevas formas organizativas digitales deben contar con la protección legal adecuada, garantizando la máxima seguridad tanto para la personas como a las empresas.
El olvido en Internet
Es una de las novedades más importantes que introduce la ley orgánica y el RGPD. El interesado tiene puede obtener, sin ninguna dilación por parte del responsable del tratamiento de información, la supresión de aquellos datos personales que le afectan si concurren determinadas circunstancias.
Para la aplicación de este derecho, la legislación contempla escenarios en los que los datos personales hayan sido tratados ilícitamente o en los que la información recibida no fuera necesaria para los fines para los que fue obtenida o tratada.
La estipula que los motores de búsqueda deben eliminar de las listas de resultados obtenidos y los enlaces publicados, que contengan datos relacionados con una persona que sean inadecuados, inexactos o desactualizados. El olvido en Internet es un derecho que se puede ejercer frente a un buscador, pero excluye a los medios de comunicación.
Portabilidad en redes sociales
La web 4.0 o 5.0 es sólo la punta del iceberg del paisaje tecnológico actual. Por este motivo, el ordenamiento va un paso más allá legislando cuestiones relativas a las redes sociales y las aplicaciones digitales.
La nueva ley establece el derecho a la portabilidad de los datos que afectan a una persona y que haya facilitado a un responsable de tratamiento, siempre que sea técnicamente posible. Los usuarios de redes sociales y de aplicaciones tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos facilitados a las mismas.
El origen de las redes sociales se asienta en la teoría de los seis grados de separación, también conocida como “el problema del mundo pequeño”. Esta doctrina demuestra que cualquier sujeto del mundo está interconectado con otro, como máximo, en seis grados de separación. Lo que quiere decir que si unimos eslabones en un máximo de seis, se puede encontrar a cualquier persona en el mundo. Ahora, es la legislación se conecta al mundo digital y la regulación vigila muy de cerca los entornos digitales.
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