Cristina Campanero, Profesora de las áreas de Calidad y Agroalimentaria.
El fraude en el sector alimentario es una realidad que ya supuso en el pasado numerosos casos de gran impacto social por su repercusión en la salud pública como, por ejemplo, el aceite de colza en España o la melanina en leche para niños lactantes en China.
En los últimos años, el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de la Unión Europea (UE), conocido como RASFF por las siglas de “Rapid Alert System for Food and Feed”, ha notificado un elevado número de casos de fraude lo que demuestra que es necesario un verdadero compromiso de todos los actores involucrados en el proceso de elaboración de un alimento.
En este sentido, la legislación en materia de fraude alimentario está siendo cada vez más estricta, aumentando los controles para detectar prácticas engañosas. Asimismo, los propios consumidores somos cada vez menos tolerantes ante esta forma de proceder de determinadas organizaciones, aumentando así la presión sobre las empresas del sector.
Como parte importante involucrada en la lucha contra esta dura batalla, encontramos a IFS Food, BRC Food y FSSC 22000, tres de los principales estándares reconocidos por Global Food Safety Initiative (GFSI) que, igualmente, han declarado la guerra a esta práctica incluyendo cláusulas en materia de fraude alimentario.
Identificación de peligros
En este contexto, IFS Food (v.6.1), BRC Food (v.8) y FSSC 22000 (v.5) exigen dos documentos clave para poner freno a esta realidad: la elaboración de un análisis de la vulnerabilidad del fraude y un plan de mitigación.
El principal objetivo del análisis de vulnerabilidad es identificar los puntos más débiles de la cadena de suministro (materia prima y proveedor) en los que puede darse la actividad fraudulenta; el país de procedencia de la materia prima o un número elevado de organizaciones implicadas en la elaboración de un ingrediente, son factores de riesgo que se han de tener en cuenta a la hora de evaluar la probabilidad de ocurrencia del fraude.
Buenas prácticas
Por otra parte, el plan de mitigación supone el dique de contención para reducir al mínimo el riesgo de que la materia prima empleada sea fuente de engaño para el consumidor final. Las medidas de control de este plan pueden ir desde el mantenimiento de los niveles actuales de control de la organización, hasta la interrupción de uso de una materia prima o la no renovación de un proveedor.
Como consecuencia, toda empresa del sector agroalimentario que desee la certificación bajo alguno de estos tres principales protocolos deberá cumplir estrictamente con estas dos exigencias en materia de fraude alimentario. De este modo, demostrarán a sus clientes su empeño por hacer frente a esta práctica que tanto daño hace al sector, así como su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores.
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